Wilfredo A. Alaniz Pérez
La magnitud de la crisis climática trae consigo grandes desafíos que trascienden las fronteras nacionales y que requieren acciones efectivas a nivel global. En este contexto, surge una pregunta fundamental: ¿Cuál es la acción de los Tribunales Internacionales (TI) en la lucha contra el Cambio Climático (CC)? Aunque comúnmente estos tribunales han resuelto disputas entre Estados como sujetos procesales del derecho internacional, como es el caso de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), su competencia se ha expandido para incluir casos que involucran daños ambientales transfronterizos.
Asimismo, los tribunales regionales de protección de los derechos humanos (DDHH), como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos (TADHP), han trabajado de cerca casos de carácter internacional en los cuales tanto individuos como el Estado son partes procesales. Estos tribunales también han intervenido en litigios relacionados con la protección del medio ambiente en el contexto de los DDHH. Sin embargo, los TI están comenzando a abrirse paso para proceder a dar solución a casos enfocados directamente sobre el CC.
La CIJ ha sido requerida para brindar una Opinión Consultiva (OC) sobre dos aspectos cruciales: a) ¿Cuáles son las responsabilidades de los Estados, según el derecho internacional, para proteger el sistema climático y otras partes del medio ambiente de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero (GEI), en beneficio de las generaciones presentes y futuras? b) ¿Qué implicaciones legales conllevan estas responsabilidades para los Estados que, por sus acciones u omisiones, ocasionan daños significativos al sistema climático y al medio ambiente en general? (Resolución A/77/L.58, 2023).
Por otra parte, Colombia y Chile han presentado una solicitud de OC ante la CorteIDH, dirigida a abordar la intersección entre la emergencia climática y los DDHH en el continente americano. Esta iniciativa busca analizar diversas temáticas fundamentales, incluyendo las obligaciones estatales en la prevención y garantía de DDHH frente al CC, la preservación del derecho a la vida y la supervivencia, especialmente para grupos vulnerables como niños y nuevas generaciones, así como la protección de personas defensoras del medio ambiente y comunidades afectadas. También se busca examinar las responsabilidades compartidas y diferenciadas de los Estados en esta crisis (SOC_1_2023, 2023).
El caso de Duarte Agostinho y otros contra Portugal y 32 países más (solicitud no. 39371/20) plantea un desafío legal sin precedentes en relación con los efectos del CC en el TEDH. Los peticionarios argumentan que los incendios forestales anuales en Portugal desde 2017 son resultado directo del calentamiento global, representando un riesgo para su salud y bienestar. Pues manifiestan sufrir trastornos del sueño, alergias y problemas respiratorios exacerbados por el calor. Del mismo modo, expresan preocupación por la seguridad de sus hogares frente a tormentas cada vez más intensas debido al CC (Application no. 39371/20, 2023).
La queja se centra en la presunta inacción de los 33 Estados implicados en cumplir sus obligaciones pactadas en el Convenio Europeo, alegando que el calentamiento global afecta desproporcionadamente a su generación. Además, hacen referencia al principio de equidad intergeneracional el cual se encuentra presente en diversos instrumentos internacionales (Application no. 39371/20, 2023).
Por otro lado, el continente africano, a pesar de su baja contribución a las emisiones de GEI, enfrenta graves impactos del CC, como desertificación, escasez de agua y fenómenos meteorológicos extremos; lo que pone en peligro la vida y el sustento de millones de personas. En respuesta, varias ONG, entre ellas Global Climate Legal Defense, preparan una solicitud de OC ante el TADHP, ofreciendo una oportunidad única para desarrollar estándares regionales sobre el vínculo entre el CC y los DDHH en África.
En resumen, la acción de los TI en la lucha contra el CC es crucial. Además de resolver disputas entre Estados, tienen la capacidad de abordar la intersección entre la emergencia climática y los DDHH, así como de responsabilizar a los Estados por sus acciones u omisiones que contribuyan al CC y sus efectos adversos. Es imperativo que estos tribunales continúen desempeñando un papel activo en la protección del medio ambiente y los DDHH en el contexto de la crisis climática global.
Referencias
Asamblea General de las Naciones Unidas [AGNU]. (2023, 1 de Marzo). Resolución A/77/L.58. Solicitud de una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático. Naciones Unidas. https://undocs.org/A/77/L.58
Corte Interamericana de Derechos Humanos [CorteIDH]. (2023, 9 de Enero). SOC_1_2023. Solicitud de Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la República de Colombia y la República de Chile. CorteIDH. https://www.corteidh.or.cr/observaciones_oc_new.cfm?nId_oc=2634
European Court of Human Rights [TEDH]. (2023, September 27th). Application no. 39371/20, 2023. Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others. TEDH. https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7756998-10741219
Sobre el autor
Wilfredo A. Alaniz Pérez
Es profesor en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara (CUSUR – UdeG) y candidato a Doctor en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Sus líneas de investigación se centran en la vinculación entre el cambio climático y los derechos humanos. Su correo electrónico es: wilfredo.alaniz@academicos.udg.mx
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